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CONFLICTO LABORAL

El conflicto que amenaza las fiestas de San Froilán: sin recogida de basuras por no ejecutar un acuerdo de salarios

La plantilla de recogida y tratamiento de basuras urbanas irá a la huelga desde el 26 de septiembre si no se actualizan los salarios pendientes desde 2013. El acuerdo está hecho pero no se ejecuta de forma inexplicable.

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Vista aérea de las instalaciones del centro de tratamiento de residuos provincial de San Román de la Vega.
A. Vega | 14/09/2022 - 09:25h.

La huelga se acerca cada día más al servicio provincial de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, una función que recae en el ente del consorcio Gersul. El comité de empresa de los trabajadores de la UTE Legio VII, a la que Gersul tiene subcontratado el servicio, han decidido seguir adelante con su propuesta de huelga desde finales de este mes de septiembre si Gersul no cumple lo prometido y firmado respecto a la actualización de sueldos de la plantilla de 170 trabajadores, pendiente desde 2013.

Una reunión de mediación en el Serla servirá estos días para explorar las opciones de un acuerdo, que mantiene muy alejadas a las partes. Gersul es un ente jurídico adscrito a la Diputación de León creado para gestionar el vertedero provincial conocido como Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega. En el año 2004 adjudicó la construcción del centro y la gestión del mismo así como la recogida de basuras desde las poblaciones hasta allí a la UTE Legio VII, al 50% entre los gigantes empresariales FCC y Urbaser. A cambio Gersul asume los costes de plantilla, gestión y, por supuesto, beneficio empresarial habitual.

Las actualizaciones de salarios a la plantilla dejó de hacerse desde el año 2013, cuando en los conflictos recurrentes que ha arrastrado Gersul dejó de haber acuerdo sobre las remuneraciones. En el año 2019 y tras una amenaza de huelga se acordó actualizar los mismos hasta el año 2020 al IPC real, un acuerdo que se firmó aunque luego se reconfiguró al incremento de salarios realizado a los empleados públicos en esos años, aceptado por los trabajadores. Pero han pasado más de tres años y lo firmado no se cumple por lo que la plantilla de la UTE irá a la huelga si no se ejecuta. Las empresas de la UTE Legio VII no asumirán la actualización si Gersul no compromete el pago, de acuerdo a los términos del contrato entre ambas partes con vigencia hasta el 2024.

El coste de la medida de actualización de salarios asciende aproximadamente a 1,8 millones de euros, en un momento en que las cuentas de Gersul están saneadas tras varios años de polémicas por falta de presupuestos y deudas millonarias impagadas. Gersul pagó en enero de este año 23 millones de euros, más 2 millones de euros por intereses de demora, que debía a la UTE Legio VII por no haberle pagado facturas de los años 2009 y 2010, en época de Isabel Carrasco como presidenta provincial. Los juzgados acabaron dando la razón a las empresas y se formalizó un acuerdo que tardó tiempo en pagarse. Los conflictos entre ambas partes siguen abiertos por la actualización de las tasas a abonar.

La actualización de salarios a la plantilla subcontratada de Gersul fue aprobada por la Junta de Gobierno de Gersul la pasada primavera, comprometiéndose a que se activara en los tres meses siguientes. Finalizado el verano la solución sigue sin llegar por supuestos informes de intervención contrarios a lo ya acordado, por lo que el conflicto laboral ha terminado estallando en las últimas semanas. Si no hay acuerdo en los próximos días habrá huelga desde el 26 de septiembre, afectando de lleno a la actividad de León en las fiestas de San Froilán.

Gersul maneja actualmente el sexto mayor presupuesto público de la provincia de León, solo por detrás de la Diputación, la Universidad y los ayuntamientos de León, Ponferrada y San Andrés. Cuenta este 2022 con 19,1 milones de euros y solo 4 trabajadores fijos. La mayor parte de su cuenta es para pagar los servicios de la UTE Legio VII, con constantes disputas sobre las facturas que estos presentan.

La web de Gersul es un perfecto mal ejemplo de la falta de transparencia de algunas instituciones, donde no se pueden localizar ni presupuestos ni ningún dato esencial a los que obligan las leyes de transparencia nacional y autonómica. Su opacidad es legendaria y pese al cambio de gobierno efectuado en 2019 las formas de funcionamiento han seguido siendo similares en cuanto a épocas anteriores.

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